La Fiscalía ha recurrido una condena por difamación histórica alegando libertad científica, pero lo que defiende como investigación no es más que manipulación.
El derecho al honor no se deroga.
No puede utilizarse la memoria democrática para legitimar ataques a quienes no pueden defenderse.
La verdad no se inventa. Difamar no es investigar. Y manipular documentos no es memoria democrática. Es abuso.
El 23 de abril de 2025, diversos medios —entre ellos Diario de Cádiz, Alicante Plaza y La Vanguardia— difundieron, basándose en una nota de la agencia EFE y de la Fiscalía Provincial de Cádiz, que la Fiscalía recurriría la sentencia que condenó al catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón, mi padre.
Según estas publicaciones, la Fiscalía sostenía, casi de manera doctrinal, que en los trabajos de Ríos Carratalá "no se habría ofrecido un rol jurídico distorsionado" de Baena Tocón, "ni ninguna opinión afrentosa o errores que supongan una extralimitación". Además, alegaban que la ley de protección del honor habría sido "derogada" por la Ley de Memoria Democrática, amparando la actuación del catedrático en la "libertad de creación científica" y el "derecho a la verdad".
Estas afirmaciones son rotundamente falsas.
El derecho al honor sigue plenamente protegido por la Constitución Española y no ha sido derogado por ninguna ley posterior. La Ley de Memoria Democrática, en todo caso, no autoriza la falsificación histórica ni la vulneración de derechos fundamentales.
La sentencia que ahora se recurre reconoció, aunque parcialmente, que el catedrático vulneró el honor de Antonio Luis Baena Tocón al atribuirle falsamente un papel relevante en el consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández. Sin embargo, la sentencia firme del juzgado contencioso-administrativo de Alicante probó que Baena Tocón, no habiendo sido miembro de ningún consejo de guerra, no pidió pena máxima ni para Miguel Hernández, ni ningún otro. Circunstancia que se oculta porque contradice el bulo.
La "verdad" que invoca la Fiscalía no es más que una ficción construida a medida del demandado. Falsea hechos concretos y reescribe la trayectoria vital de mi padre, presentándolo injustamente como un símbolo ideológico deformado.
El problema no es un error aislado. Desde 2019, Ríos Carratalá ha difundido numerosos textos en los que tergiversa sistemáticamente la figura de Baena Tocón: le atribuye maldades, sesgos ideológicos y responsabilidades que no tuvo, presentándolo como un funcionario franquista arquetípico. Pero no es lo mismo ser un funcionario franquista que ser una persona a la que, como a tantas otras, le tocó vivir y ejercer funciones en una época difícil. Además, entonces Baena Tocón ni siquiera era funcionario de carrera, aunque sí licenciado en Derecho, algo que el catedrático oculta deliberadamente, pese a estar acreditado en la Sentencia del Contencioso-Administrativo de Alicante nº 311/2021, de 1º de septiembre de 2021.
Omitir hechos esenciales y persistir en el error no es hacer investigación histórica. Es manipular. Es construir un bulo.
Esta campaña no se limita al ámbito académico. Ríos Carratalá ha desplegado una estrategia mediática de presión: difunde su versión en numerosos medios y actualiza constantemente las referencias en su blog, pasando de citar 8 medios, a 15, luego a 21, sin cambiar la fecha de publicación. Como si el número de enlaces fuera prueba suficiente de la veracidad de su posición.
Entre los medios que han propagado su versión están Diario de Cádiz, Alicante Plaza, La Vanguardia, El País, Cadena SER, eldiario.es, Europa Press, Huffington Post, Público.es y À Punt Media, entre otros.
Ejemplo de enlace, facilitado por el catedrático:
Esta estrategia de autopromoción no refuerza la verdad. Solo demuestra la intención de influir en la opinión pública, desvirtuando el verdadero alcance de los hechos juzgados.
Incluso en pleno procedimiento judicial, Ríos Carratalá mantuvo esta actitud: el 14 de octubre de 2024, tras su declaración en el Juzgado nº 5 de Cádiz, repartió ejemplares de su libro en la misma sala del juicio. Ofreció copias a la Sra. Fiscal, que la aceptó, y a la Sra. Jueza y a mi abogado, quienes, según parece, rehusaron aceptar su propaganda.
El procedimiento no ha terminado. Queda por ver en qué términos concreta la Fiscalía su recurso. Pero ya ha quedado demostrado que existe una campaña de desinformación sistemática, basada en tergiversaciones y en un respaldo mediático que el demandado no duda en exhibir como ventaja.
Nadie impide investigar la historia. Pero no a costa de falsificarla. No a costa de destruir la memoria de quienes ya no pueden defenderse. No a costa de utilizar la universidad como escudo para la propaganda ideológica.
Decir basta no es censurar. Es defenderse.
Porque cuando la historia se fuerza, la justicia se tuerce.
Y eso, ni puede ni debe aceptarse.
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