EL DERECHO AL OLVIDO SEGÚN RÍOS CARRATALÁ: DE FALSEDADES REPETIDAS A MONOGRÁFICO ACADÉMICO

Estrategia discursiva de R.C.

1. Apropiarse del tema jurídico del “derecho al olvido” para dar apariencia académica.

2. Simplificar y tergiversar: pedir la supresión de bulos = querer censurar la Historia.

3. Repetir el relato victimista: él como “héroe que defiende la libertad académica frente a la censura”.

4. Evitar la parte incómoda: que un tribunal (Alicante, 1/9/2021) ya acreditó que mi padre no fue fiscal ni miembro de consejo de guerra, sino abogado que realizaba su servicio militar.

Puntos discutibles

• Confundir “olvido digital” con “borrado de archivos históricos”.

• Ocultar que la petición se refería a concretos artículos con falsedades, no a “documentos oficiales e históricos”.

• Insistir en que el problema es una supuesta falsa “censura”, cuando lo real es la manipulación de la verdad.

• Montar un monográfico académico sobre un derecho jurídico mal entendido para multiplicar entradas de blog y revistas.

Réplica narrativa:

El derecho al olvido según Ríos Carratalá: de falsedades repetidas a monográfico académico

El 17 de marzo de 2022, Ríos Carratalá. publicaba en su blog Varietés y República un Monográfico sobre el derecho al olvido y la Historia, una entrada que parece escrita a medida para insistir en un tema que le fascina desde que, en 2019, se estrenara con cuatro artículos sobre lo mismo: El olvido digital vs. la Historia I-IV.

El motivo de esa obsesión soy yo. O, mejor dicho, la petición que hice para que dejaran de repetirse bulos sobre mi padre de su autoría. Lo llamé “derecho al olvido” porque era la herramienta jurídica disponible, aunque ni yo mismo conociera entonces todos sus entresijos legales. Pero conviene aclararlo: nunca pedí borrar documentos históricos ni manipular archivos. Lo único que solicité fue que dejaran de difundirse falsedades sobre Antonio Luis Baena Tocón.

Mi padre no fue fiscal en el proceso de Miguel Hernández, no pidió penas de muerte, ni mínimas ni máximas, y no formó parte de ningún consejo de guerra. Fue secretario de un juez instructor mientras cumplía parte de su servicio militar obligatorio. Eso no lo digo yo: lo dice la documentación oficial y lo reconoció la sentencia contencioso-administrativa de Alicante, de 1 de septiembre de 2021, que acreditó que era abogado y que no desempeñó los papeles que R.C. le atribuye (callando deliberadamente esa parte de la sentencia).

¿Qué hace entonces el catedrático? Convertir mi petición en filón académico: habla de censura, de borrados digitales, de historia en peligro. Todo muy épico, todo muy universitario. Pero la realidad es menos heroica: nunca se trató de borrar la Historia, sino de impedir que se repitiera una mentira.

La paradoja es evidente: quienes se presentan como defensores de la verdad académica son los mismos que mantienen falsedades ya desmontadas por tribunales y pruebas documentales. Y encima multiplican las entradas de blog, como si a fuerza de repetir su versión fuese a convertirse en verdad.

Lo peor de todo es cómo se ha querido manipular el relato en los medios (medios que no contrastan, en contra de lo que dicen sus bonitos códigos éticos). Ríos Carratalá, trilero como pocos, ha hecho creer que yo pretendía “borrar archivos históricos”. Nada más falso (pero lo más sorprendente es que lo hayan creído sin más). Los archivos están ahí, intactos, y nadie ha pedido que desaparezcan. Lo que se le pidió, y queda claro documentalmente en mi entrada La farsa de la colaboración (2019), fue que dejara de difundir falsedades sobre mi padre. No era cuestión de ocultar documentos, sino de frenar la manipulación de esos documentos para fabricar un papel represivo que nunca existió.

En definitiva, el monográfico sobre el “derecho al olvido” no es más que un monográfico sobre cómo explotar una tergiversación. Lo curioso es que, de tanto hablar del tema, lo único que no consigue Ríos Carratalá es que se olvide.