¿Dos o tres asignaturas aprobadas?

Durante años, Ríos Carratalá ha puesto en duda la formación jurídica de mi padre. Entre otras afirmaciones, ha difundido la idea de que únicamente habría aprobado dos o tres asignaturas de Derecho, cuestionando su condición de licenciado incluso en publicaciones recientes.

Ahora descubre que estuvo colegiado durante más de treinta años.

Y se me ocurre una pregunta, quizá ingenua: ¿cree el profesor Ríos Carratalá que el Colegio de Abogados de Sevilla admitía entre sus miembros a estudiantes que solamente tenían aprobadas dos o tres asignaturas de Derecho?

Porque, si así fuera, el verdadero descubrimiento histórico no sería la colegiación de Antonio Luis Baena Tocón, sino el sorprendente funcionamiento de los colegios profesionales de aquella época.

La solicitud de ingreso que el propio investigador reproduce comienza identificando a mi padre como licenciado en Derecho. Y la Junta de Gobierno aprobó su incorporación.

Sin embargo, Ríos Carratalá vuelve a señalar lo que no aparece en la documentación conservada: la universidad y la fecha de expedición del título.

Curiosa manera de recibir una prueba adicional. Se encuentra documentación que confirma una trayectoria profesional y la atención vuelve a dirigirse hacia aquello que el documento no dice.

Pero hay algo más interesante: podemos acudir a documentos que sí dicen lo que el investigador parece seguir buscando.

Una licenciatura terminada y un expediente universitario tramitado

Mi padre terminó sus estudios de Derecho en junio de 1936. Pocas semanas después comenzó una guerra que alteró radicalmente su vida y la de su familia.

En agosto de aquel año fue asesinado su padre, Francisco Baena Jiménez. La situación familiar y económica cambió por completo.

Años después, el 13 de febrero de 1940, Antonio Luis Baena Tocón solicitó a la Universidad de Madrid la expedición del título provisional de licenciado en Derecho.

No lo hizo mediante una declaración informal. Presentó una solicitud administrativa que hoy podemos consultar en el expediente conservado en el Archivo General de la Administración, procedente del Ministerio de Educación.

En ella manifestó haber terminado todos los estudios exigidos para obtener el título provisional de licenciado en Derecho y citó expresamente las disposiciones que regulaban su expedición.

El expediente contiene también la relación oficial de asignaturas cursadas y aprobadas, con las correspondientes diligencias universitarias.

No son dos o tres asignaturas. Es un expediente académico.

Y tampoco estamos únicamente ante lo que mi padre afirmaba: la Universidad examinó la documentación y tramitó la expedición del título.

¿En qué consiste, entonces, la supuesta anomalía?

Lo que establecía la legislación: estudiar, titularse y pagar no eran lo mismo

Aquí conviene detenerse un momento, porque las normas de la época ayudan a comprender lo sucedido.

El Real Decreto de 10 de marzo de 1917, publicado en la Gaceta de Madrid del 15 de marzo de aquel año, establecía en su artículo 1.º que las enseñanzas se consideraban definitivamente terminadas con la aprobación de las asignaturas correspondientes al plan de estudios.

Suprimía, además, la exigencia general de reválida o ejercicio especial para obtener el título y disponía que este se expidiera a solicitud del interesado una vez aprobadas las asignaturas.

El artículo 2.º mantenía determinadas obligaciones económicas.

Por tanto, la propia normativa distinguía entre la finalización académica de los estudios y los trámites posteriores para obtener el título.

Pero la legislación ofrece todavía una explicación más directamente relacionada con nuestro caso.

El Decreto de 7 de julio de 1931 introdujo facilidades para que quienes habían terminado sus carreras pudieran obtener sus títulos sin tener que satisfacer inmediatamente la totalidad de los derechos económicos exigidos.

Su finalidad era particularmente significativa: evitar que las dificultades económicas impidieran a los titulados acceder al ejercicio profesional.

La Orden de 14 de julio de 1931, publicada en la Gaceta de Madrid del día 16, desarrolló ese procedimiento.

Permitía abonar inicialmente una tercera parte de los derechos del título, además de los importes correspondientes a timbre y expedición, y aplazar el pago de las dos terceras partes restantes.

Mientras tanto, el título podía expedirse con carácter provisional.

Y aquí aparece una cuestión decisiva: la provisionalidad se refería al procedimiento administrativo y al pago pendiente, no a que las asignaturas estuvieran provisionalmente aprobadas ni a que los estudios estuvieran provisionalmente terminados.

La normativa contemplaba expresamente la expedición de títulos provisionales con efectos profesionales.

También establecía un plazo de tres años para completar el pago de los derechos pendientes, con previsiones sobre la anulación del título si no se satisfacían.

Pero debemos ser precisos: ese plazo de tres años para pagar no demuestra que existiera una obligación de conservar el título provisional durante cinco años.

Son cuestiones distintas.

No he encontrado, hasta ahora, una disposición que impusiera con carácter general una espera obligatoria de cinco años para sustituir un título provisional por otro definitivo. Tampoco sería correcto deducir que tal espera existió únicamente porque entre los dos documentos de mi padre transcurrieron algo más de cinco años.

Lo que sí podemos afirmar es que la legislación contemplaba expresamente títulos provisionales y regulaba su posterior regularización administrativa.

¿Resulta tan extraño, entonces, que mi padre tuviera uno?

Dos títulos, dos fechas y una anotación que merece leerse

El expediente universitario de mi padre permite identificar la tramitación realizada en febrero de 1940.

Y el título definitivo que conservo, expedido en Madrid el 27 de julio de 1945, contiene una anotación que resulta particularmente reveladora:

«Este título definitivo sustituye al caducado, expedido en 6 de Marzo de 1940».

La frase es suficientemente clara.

Existió un título anterior, expedido el 6 de marzo de 1940, y el propio Ministerio reconoció su existencia al expedir el definitivo de 1945.

No estamos ante un diploma aparecido misteriosamente nueve años después de terminar los estudios.

Estamos ante una secuencia documental: estudios concluidos, solicitud universitaria, título provisional y título definitivo.

La anotación demuestra que el documento anterior había caducado. Lo que no permite establecer por sí sola es la fecha exacta ni la causa administrativa concreta de esa caducidad.

¿Faltó completar algún pago dentro del plazo? ¿Intervino alguna circunstancia administrativa posterior? Para responder con certeza habría que disponer de la documentación específica correspondiente.

Pero esa cuestión no debe confundirse con otra muy distinta: la finalización de los estudios de Derecho, acreditada por el expediente académico universitario.

La caducidad de un documento administrativo no convierte en inexistentes las asignaturas aprobadas años antes.

Y resulta llamativo que una investigación que ha dedicado tanto esfuerzo a cuestionar la formación jurídica de mi padre no haya prestado mayor atención a esta distinción.

Un documento militar de 1941 que merece especial atención

Hay otro documento que considero particularmente significativo.

Se conserva en el expediente militar de mi padre, depositado en el Archivo General Militar de Segovia, y pude obtener una reproducción durante mi visita de septiembre de 2026.

Se trata de una instancia fechada el 10 de julio de 1941, relacionada con su participación en un concurso-oposición para veinticinco plazas de teniente de Intervención Militar.

En ella, mi padre figura como oficial tercero honorario del Cuerpo Jurídico Militar y se identifica como «Bachiller y Licenciado en Derecho».

Pero lo verdaderamente interesante aparece en la relación de documentos que acompañaban aquella solicitud.

Entre ellos figura literalmente:

«Certificado de ser Licenciado en Derecho y haber abonado el título».

La instancia fue remitida desde Ceuta el 12 de julio de 1941. Meses después, en noviembre, se solicitó la devolución de la documentación presentada.

Conviene reparar en lo que significa esta referencia.

Estamos en julio de 1941, cuatro años antes de la expedición del título definitivo que conservo.

Mi padre no se limitaba a declararse licenciado en Derecho: relacionaba entre los documentos aportados un certificado que acreditaba esa condición y el abono del título.

El certificado original no se encuentra actualmente entre los documentos conservados en la carpeta de Segovia. Pero su mención expresa en una relación documental de 1941 constituye una referencia contemporánea que no podemos ignorar.

Y plantea una cuestión interesante: ¿qué sentido tiene seguir presentando la formación universitaria de mi padre como una incógnita cuando encontramos referencias documentales a su licenciatura en expedientes universitarios y militares de la propia época?

Hay otra precisión que merece destacarse.

El documento de Segovia habla de haber abonado el título. La normativa de 1931 permitía obtener el provisional mediante un pago inicial y aplazar el resto.

Por tanto, la expresión de 1941 no nos permite determinar, sin examinar el certificado original, si se habían satisfecho todos los derechos o únicamente los exigidos hasta aquel momento.

Pero sí acredita algo que no deberíamos pasar por alto: la cuestión de la licenciatura y el pago del título figuraba expresamente entre la documentación relacionada para aquel concurso-oposición.

Y ahora podemos contemplar una secuencia mucho más completa:

• Junio de 1936: finalización de los estudios de Derecho.

• Febrero de 1940: solicitud y tramitación del título provisional.

• 6 de marzo de 1940: expedición del título provisional.

• 10 de julio de 1941: instancia militar que relaciona el certificado de licenciatura y abono del título.

• 27 de julio de 1945: expedición del título definitivo, que sustituye expresamente al anterior.

No se trata de cinco fechas imaginadas para sostener una interpretación.

Se trata de acontecimientos respaldados por documentación de la época.

Alférez, teniente... ¿y abogado?

También llama la atención la insistencia en identificar a mi padre por sus empleos militares.

Unas veces es el alférez Baena Tocón; otras, el teniente; y en alguna publicación incluso aparece como «alférez (y teniente)».

Conviene recordar que mi padre no era militar de carrera. Accedió al Cuerpo Jurídico Militar como oficial de complemento durante el cumplimiento de sus obligaciones militares, por su formación universitaria, y posteriormente desarrolló su vida profesional en la Administración civil.

Según su expediente militar, alcanzó el empleo de teniente de complemento jurídico el 31 de diciembre de 1943, cuando estaba próximo a abandonar el Ejército.

Por tanto, tampoco era teniente cuando desempeñó sus funciones en el Juzgado Especial de Prensa, pues después de aquel destino estuvo destinado en la Auditoría de Marruecos.

Ríos Carratalá realizó asimismo el servicio militar, según ha contado en sus publicaciones.

Desconozco qué empleo alcanzó. Pero imaginemos que, en lugar de referirnos habitualmente al catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, comenzáramos a llamarlo soldado, cabo, cabo primero, sargento o alférez Ríos Carratalá, según el empleo que hubiera tenido.

¿Le parecería una forma adecuada de identificarlo profesionalmente?

Seguramente comprendería entonces que haber tenido un empleo militar no convierte a una persona en militar de profesión.

El rigor y las rectificaciones

Ríos Carratalá ha insistido en numerosas ocasiones en que investiga, contrasta, rectifica y se atiene a lo que puede constatar.

Me parece una magnífica declaración de principios.

El problema aparece cuando se compara con determinadas afirmaciones que ha realizado sobre mi padre: su supuesta condición de funcionario en 1934, la voluntariedad para efectuar determinadas actuaciones represivas, los presuntos beneficios profesionales obtenidos por ellas o las caracterizaciones personales que aparecen en sus publicaciones.

¿Estaban todas igualmente constatadas?

Porque no basta con corregir una fecha si se mantienen las conclusiones que se construyeron sobre ella.

Tampoco basta con introducir una modificación casi imperceptible en una nueva edición cuando las afirmaciones anteriores han circulado durante años. Ya he tratado esta cuestión al comparar las ediciones de 2015, 2019 y 2025 de Nos vemos en Chicote.

En una entrada de abril de 2026, Ríos Carratalá habló de revisar publicaciones anteriores para evitar el «sonrojo».

Es una expresión interesante.

Yo también he observado cómo algunas publicaciones antiguas cambiaban, desaparecían o quedaban integradas en otras. Desconozco qué modificaciones concretas le produjeron sonrojo a su autor.

Lo que sí sé es que algunas afirmaciones sobre mi padre merecerían bastante más que una discreta corrección.

Merecerían una rectificación clara, comprensible y proporcionada a la difusión que recibieron.

Volvamos al pescador

No cuestiono que un investigador siga buscando documentos. Al contrario: cuantos más aparezcan, mejor.

Lo que me resulta difícil de comprender es que se dedique tanto esfuerzo a buscar nuevas piezas mientras se siguen cuestionando otras que ya están disponibles y que no encajan con el relato construido.

El expediente académico, la documentación universitaria de 1940, la instancia militar de 1941, el título definitivo de 1945 y ahora la colegiación sevillana no son peces imaginarios.

Son documentos.

Y la normativa de 1917 y 1931 tampoco es una invención familiar. Estaba publicada en la Gaceta de Madrid, a disposición de quien quisiera consultarla.

Quizá lo que faltaba no era seguir echando la caña, sino examinar con atención lo que ya había llegado a nuestras manos.

Porque cuando un documento contradice una afirmación anterior, el rigor no consiste únicamente en anunciar que ha aparecido.

Consiste también en revisar lo que se había dicho antes de encontrarlo.

Quizá esa sea la verdadera lección de esta jornada de pesca.