HISTORIA DE UNA CENSURA ORQUESTADA
Miércoles, 11 de Junio de 2025
1. El precio de decir la verdad
Desde hace años, defender la verdad me ha salido caro. Desde 2019 vengo siendo objeto de un acoso digital persistente y orquestado, cuyos picos más recientes han llegado al extremo de suplantar mi identidad en redes sociales, manipular mis publicaciones, amenazarme, atacar la memoria de mi padre ya fallecido y difundir contenidos difamatorios con apariencia de sátira o denuncia. Lo que empezó como una respuesta a una falsificación histórica ha acabado convirtiéndose en una campaña de censura encubierta, en realidad comenzada desde 2019, diseñada para intimidar y silenciar.
Esto que denuncio no son hechos aislados ni errores técnicos, sino una estrategia sostenida de descrédito y desgaste personal, que reúne elementos típicos de los delitos contra el honor, la integridad digital y la libertad de expresión, y que merece no solo visibilidad pública, sino una investigación penal rigurosa.
2. El bulo como arma
El origen de esta campaña no es otro que mi denuncia pública —y judicial— contra una serie de trabajos firmados por el catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá, en los que se atribuyen falsamente a mi padre, Antonio Luis Baena Tocón, funciones represivas durante la posguerra que nunca ejerció. Afirmaciones como que era “funcionario desde 1934”, que “firmó sentencias de muerte” o que “ocupó puestos de responsabilidad durante el franquismo gracias a los servicios prestados”, entre otras muchas, no solo son demostrablemente falsas, sino que han sido objeto de condena judicial en un proceso por intromisión ilegítima en el honor.
Frente a la desinformación disfrazada de relato académico, opté por acudir a los tribunales. La sentencia del Juzgado n.º 5 de Cádiz fue clara: Ríos Carratalá vulneró el honor de mi padre al presentar como hechos históricos lo que eran simples conjeturas ideológicas. A partir de ese momento, el acoso se intensificó.
3. El acoso digital: una estrategia de intimidación
En los últimos días he sufrido un nuevo episodio de esta ofensiva: suplantación de identidad en Facebook, alteración de mi perfil y publicación de mensajes bajo el alias “Apoyo Spain”. El 27 de mayo de 2025, recibí una alerta oficial de Facebook por un intento de acceso no autorizado. Dos días después, mi nombre y foto de perfil habían sido eliminados, y el alias falso aparecía incluso en comentarios pasados firmados originalmente por mí. Todo esto ocurrió sin que yo modificara nada. Mis contactos alertaron del cambio; el número de seguidores disminuyó abruptamente; y varios conocidos me informaron de haber recibido mensajes sospechosos en mi nombre.
En el momento de escribir esto, mi cuenta de Facebook se encuentra bloqueada, como consecuencia directa del ataque, lo que ha supuesto un nuevo golpe a mi capacidad de comunicarme y de defender públicamente mi versión de los hechos. Y este no fue un hecho aislado. Se suma a una larga serie de ataques previos: intentos de hackeo años atrás, correos electrónicos en mi web con amenazas —algunos con IP identificable—, insultos en redes, canciones generadas por IA difundidas en YouTube con acusaciones injuriosas contra mi padre, y vídeos con contenido manipulador compartidos y promocionados por el propio catedrático denunciado.
Entre ellos destaca el audio titulado “El Fiscal por la Memoria”, firmado por un tal Cronista Criticón y publicitado en agosto de 2024 en el blog personal de Ríos Carratalá. La canción no solo perpetúa el bulo, sino que recurre al escarnio para deslegitimar a quienes lo combatimos. YouTube se negó a retirarlo tras mi queja, amparándose en criterios opacos de “libertad de expresión”.
4. Las sospechas fundadas: ¿quién se beneficia?
No tengo pruebas directas de la autoría de estos ataques. Pero sí indicios claros de conexión con quienes han sido señalados en el procedimiento judicial que me ha enfrentado al catedrático Ríos Carratalá. El momento, el contenido y la forma de los ataques no son aleatorios: ocurren justo cuando el caso vuelve a tener repercusión pública, cuando interpongo nuevos escritos judiciales o cuando publico entradas desmontando sus falsedades.
Además, muchos de los mensajes y contenidos hostiles emplean el mismo vocabulario, las mismas acusaciones y la misma estructura argumental que él ha usado en sus libros, artículos y entrevistas. No hace falta mucho para deducir que, al menos, hay una red de apoyos cómplices o entornos afines que actúan como “fontaneros” del bulo, dispuestos a ensuciar, distorsionar y atacar a quien cuestione el dogma.
No es ningún secreto que el abogado del catedrático en sesión judicial se quejara de mi página de Facebook, de tener amigos comunes, etc...
Todo apunta a que estos episodios no son obra de un espontáneo, sino parte de un entramado de acoso ideológico que opera en red, con conocimiento de lo que hace y con claros objetivos: desacreditar, debilitar y silenciar.
5. Censura y complicidades: cuando las plataformas miran a otro lado
He denunciado todo esto ante la Policía. He aportado capturas de pantalla, enlaces, datos y nombres. También he solicitado a YouTube la retirada de contenidos difamatorios que violan sus propias normas comunitarias. Pero ni la empresa ni otras plataformas han tomado medidas. De hecho, algunas parecen actuar como caja de resonancia del agresor, dando difusión a vídeos e incluso monetizándolos.
Cuando una plataforma permite que se publique una canción con injurias contra un fallecido, y al mismo tiempo ignora las denuncias del hijo que aporta pruebas judiciales, no estamos ante neutralidad: estamos ante una forma pasiva de complicidad.
Y esa complicidad, cuando es sistemática, se convierte en censura encubierta.
6. Lo que me niego a aceptar: callar no es opción
Quienes creen que la intimidación me va a hacer callar, se equivocan. No me mueve el rencor, sino la verdad. No me guía el odio, sino la justicia. No se trata solo de defender el honor de mi padre —que ya no puede hacerlo por sí mismo—, sino de dejar constancia de cómo se manipula la historia, cómo se usa la mentira como arma y cómo se pretende silenciar al que incomoda con datos.
No estoy solo. Hay documentos. Hay testigos. Hay resoluciones judiciales. Y ahora hay una nueva denuncia en la Comisaría de Policía. El acoso ha sido constante. La censura, disimulada. Pero no voy a ceder. Ni al chantaje, ni a la presión, ni al desgaste.
Lo que estoy denunciando no es un simple problema personal. Es un caso claro de persecución ideológica por medios digitales, que debe preocupar a cualquiera que crea en el derecho a la verdad, al honor y a la libre expresión.
El precio de decir la verdad es alto. Pero mucho más alto sería permitir que la mentira se imponga por miedo.
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